En un allanamiento realizado el jueves 7 de noviembre a la clínica “Unión y Esperanza”, ubicada en el barrio Tiwintza, sector Pisulí, al norte de Quito, fueron detenidos 7 ciudadanos: 6 por el presunto delito de asociación ilícita y 1 con fines investigativos.

Se trata de Carlos Alberto L. N; Mauro Israel C; Blanca Maruja F.P; Fernanda G.J; Jonathan Javier T.I; Roberto E. R, quienes son sospechosos de cometer el delito de asociación ilícita, mientras Héctor Armando M. N. fue detenido con fines investigativos.

Entre las detenidas está una persona que trabaja como Defensora Pública, quien estuvo al interior de la vivienda junto a su conviviente, Mauro Israel C, quien registra dos detenciones por investigación, por infracciones y estafa.

En el registro al inmueble, la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, Criminalística, Grupo de intervención y Rescate y agentes fiscales de Pichincha, atestiguaron que al interior de esta clínica clandestina de rehabilitación de alcoholismo permanecían 15 internos en contra de su voluntad.

La investigación probó también que estos pacientes vivían en condiciones infrahumanas, junto a un acondicionado camal encubierto donde se encontraron dos reses recién faenadas y seis porcinos vivos, que según versiones de los internos, la carne era utilizada para su alimentación pero que no sabían de su procedencia.

Los 14 internos fueron puestos a órdenes de Ana Rocío Salazar, funcionaria del Ministerio de Salud.

Cabe indicar que según versión de uno de los internos, David Romo habría permanecido en dicho lugar parte del mes de mayo hasta el 15 de junio, fecha en que el testigo se fugó del centro y cuando retornó ya no encontró a Romo en el lugar.

Los administradores no justificaron los requisitos legales ni el permiso de funcionamiento que los habilite a desarrollar esta actividad. Igualmente se encontró dos vehículos y una motocicleta de los cuales tampoco demostraron su procedencia.

El Comisario Provincial de Salud de la Zona Sur, clausuró el citado centro de rehabilitación; mientras que la Fiscal dispuso la retención y traslado de los tres vehículos a los patios de retención de la Policía Judicial.
Durante esta diligencia también se colectó varias cartillas con la descripción del registro de cobros de dinero; así como contratos de compra-venta, letras de cambio, y anotaciones de deudores, lo que hace presumir que se dedicaban a la usura. / ruth.perugachi@mdi.gob.ec