Los jueces de la Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, la semana anterior, se pronunciaron negando la acción extraordinaria de protección constitucional presentada por la defensa del capitán Guillermo Gómezjurado Astudillo, al considerar que no se vulneraron los derechos del ex oficial, que sí se cumplieron con los requisitos y procedimientos que demanda el debido proceso, ratificando, por lo tanto, la providencia de dar de baja de las filas policiales al mencionado oficial.

La Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, con esta decisión, aceptó la apelación formulada y presentada por el Ministerio del Interior. Esta Secretaría de Estado emitió el Acuerdo Ministerial No. 1041 de 19 de julio de 2012, por el cual el titular de esta cartera, José Serrano, procedió a dar de baja de la policía al capitán Guillermo Andrés Gómez-jurado Astudillo, con fecha 25 de octubre de 2010. En este acuerdo ministerial se especifica claramente que durante el proceso de desvinculación del citado oficial no se vulneraron los derechos constitucionales.

Otros 207 policías también fueron separados de la institución por mala conducta o por participar en hechos criminales como extorsión, asalto, cohecho, asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, violencia sexual, tráfico de drogas, secuestro y plagio, entre otros actos que afectaron la imagen institucional y a víctimas inocentes. Algunos de los policías sancionados retornaron a la institución policial valiéndose de dudosos procedimientos de protección constitucional otorgados por el sistema judicial anterior, dejando en la indefensión a ecuatorianos y ecuatorianas y, sobre todo, generando una permanente situación de impunidad.

Tras su separación, el abogado-defensor del capitán Gómez-jurado demandó al señor Ministro del Interior y al Procurador General del Estado. Previamente presentó una acción de protección que fue negada el 19 de septiembre de 2012 por el Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Cuenca, el cual resolvió inadmitir(no aceptar) la acción de protección formulada por el accionante.

Esa resolución fue apelada y la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay niega también el recurso de apelación y confirma el auto de inadmisión de la acción de protección planteada por la defensa de Gómezjurado.

La resolución de apelación fue objeto de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, recibiendo sentencia No. 014-13-SEP-CC, de 14 de mayo de 2013, mediante el cual el Pleno de la Corte Constitucional dispuso, previo sorteo correspondiente, sea otra Sala de la Corte Provincial de Justicia del Azuay la que dicte sentencia conforme a los méritos procesales y en respecto a las garantías del debido proceso.

Esta disposición fue acatada por los jueces de Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, quienes dieron la razón al Ministerio del Interior, en cuanto al estricto cumplimiento de la normativa vigente, seguida durante el proceso de desvinculación del capitán Gómez Jurado y de otros 207 malos policías involucrados en procesos judiciales abiertos para sancionar distintos delitos.

La actuación de los policías desvinculados afectó sensiblemente la imagen de la institución policial, contradiciendo, además, la política gubernamental de erradicar la impunidad en acciones criminales.

Antecedentes del caso Gomez-jurado
El capitán Guillermo Gómez-Jurado Astudillo fue investigado por una denuncia sobre el intento de abuso sexual a una reina de la institución policial en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo a su expediente, este oficial tiene varios arrestos por indisciplina y mala conducta policial. Las denuncias presentadas por presunta violación fueron la causa para darle de baja de la institución policial.

En agosto de 2010, la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía del Guayas investigó a este oficial por otro presunto delito de violación. El uniformado, según la denuncia de la progenitora de la menor de edad, habría ultrajado a su hija de 13 años el jueves 5 de agosto, en la vivienda que habitaba en la ciudadela Los Girasoles, ubicada junto a la Policía Judicial del Guayas, en el suroeste de Guayaquil.

El Consejo Superior de la Policía Nacional, en esa época, dio de baja por mala conducta profesional al capitán Guillermo Andrés Gomezjurado Astudillo, acusado de intento de violación.

La resolución del organismo policial indica que se determinó responsabilidad en actos que “lesionan gravemente el prestigio de la institución y que atentan gravemente la moral y las buenas costumbres”, por lo que al oficial se le puso a disposición del Ministerio de Gobierno.

La madre de la presunta víctima al enterarse del abuso sexual contra su pequeña la llevó al Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante, donde la doctora Alba Franco corroboró el ataque sexual.

La madre denunciante de este caso contra Gómez-jurado recordó que el acoso contra la adolescente comenzó en el 2008, cuando todavía estaba en la escuela. Su hija conoció al gendarme por medio de una compañera de aula. “Por lo cual desde ese tiempo este señor (Gómezjurado) la llamaba y enviaba mensajes constantemente, tratando de seducirla y conquistarla. Pese a que era una adolescente, el ex policía la buscaba en el colegio, en su automóvil Toyota Corolla azul, de placas GOG-587”, sostuvo la denunciante, quien teme por su vida. La madre mostró más de 35 mensajes de texto, donde el acusado le pide una cita para conversar y se declara enamorado de la colegiala.

Otras demandas
Gómezjurado, cuya edad aproximada es de 45 años, registra tres demandas de alimentos. Las dos primeras causas estaban ubicadas en los juzgados Segundo y Primero de la Niñez y la Adolescencia del Guayas. Una más consta en el juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia de Imbabura.

En el 2005 fue acusado de intento de violación contra una reina de la institución policial, presunto delito por el cual fue enjuiciado, encarcelado y dado de baja de la Policía.

Condena
En junio de 2006, el oficial fue restituido en su cargo por el Consejo de Generales, cuyos miembros consideraron que no existieron pruebas del supuesto delito. El proceso continuó y en el 2007 el Quinto Tribunal Penal de Pichincha condenó al capitán a 3 años 8 meses de prisión. El mismo año, la defensa de Gómez-jurado apeló la sentencia y mediante un recurso de casación obtuvo su libertad.

Lo resuelto por Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay atiende plenamente lo planteado por el Ministerio del Interior, involucrado en cumplir todas las determinaciones legales que permitan, a su vez, continuar con el proceso de reconstrucción institucional de la Policía Nacional, sometida históricamente a un largo camino de abusos e impunidad que favoreció a unos pocos malos elementos policiales, en detrimento de la imagen institucional y de la propia seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas.