Quito.- La situación de varias casas de tolerancia clausuradas fue expuesta por representantes de la Asociación Flor de Azalea y de trabajadoras sexuales de la ciudad de Quito. Para escuchar las peticiones ciudadanas estuvieron presentes: Carina Arguello, subsecretaria de Seguridad Interna del Ministerio del Interior; Javier Ladino, director nacional de Orden Público del Ministerio del Interior y Edwin Castelo, intendente de Policía de Pichincha.

Pablo Hidalgo, presidente de la Asociación Flor de Azalea que agrupa a 21 casas de citas de la capital, indicó que los pedidos están dirigidos a buscar solución para aquellos locales que se cerraron de forma definitiva. “Existen alrededor de 240 centros de diversión nocturnos y únicamente los de nuestra asociación trabajan por cumplir con la legalidad”, indicó.

Tras indicar que se han incorporado sistemas de seguridad contra incendios, y otros requerimientos solicitados, los concurrentes a la reunión indicaron su inconformidad con las medidas tomadas por las autoridades de control.

Lourdes Torres, líder de 3.728 trabajadoras sexuales de Quito, dijo que el derecho al trabajo es único y su pedido es alejar la discriminación que ya existe por naturaleza hacia el trabajo que ella y sus compañeras desempeñan. Por eso realizó el pedido especial de que los operativos de control se realicen sin la presencia de medios de comunicación, para salvaguardar su integridad y la de sus familias.

Una de las principales preocupaciones de los representantes del sector es el desempleo que se genera como consecuencia de los cierres o clausuras definitivas de estos lugares.

Respuestas inmediatas

Carina Arguello señaló enfáticamente que el Ecuador es un país de derecho, convivencia y respeto. “Como gobierno promovemos el espacio de diálogo entre todos los sectores. Se atenderán las demandas sin ser arbitrarios. Debemos garantizar que se cumplan los requisitos, el derecho y la ley se debe aplicar para todos”, aseguró.

La subsecretaria de Seguridad Interna indicó que desde el Ministerio del Interior se busca cumplir la leyes y las normas. Velando que eso ocurra en todas las instancias en las que la cartera de Estado tenga injerencia. Animó a quienes tengan reclamos por malos procedimientos a generar las respectivas denuncias, con el debido sustento, para realizar las correcciones necesarias, de ser el caso.

Edwin Castelo señaló que los locales que tienen clausuras provisionales deben cumplir con los pedidos de la autoridad, para que puedan continuar con su actividad. En el caso de las personas que tienen locales con clausura definitiva no podrían cumplir ninguno requisito adicional, porque el proceso ya concluyó y existen los respectivos expedientes.

Arguello mencionó que se elaborarán mecanismos en mesas de trabajo que permitan llegar a coordinar acciones interinstitucionales, incluso con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para lograr el acceso a la inclusión social de este sector.

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Asimismo, la funcionaria ministerial mencionó que la respuesta del Estado será integral. Se garantizará el derecho de todos al trabajo y la convivencia social pacífica. /Redacción Quito.

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