Quito.- Desde el 30 de enero del presente año, el Ministerio del Interior con el objetivo de seguir consolidando la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica, mediante Acuerdo Ministerial 5318ª, emitió nuevas disposiciones a las intendencias y comisarías del país.

Entre ellas consta la colocación de cámaras de vigilancia permanente en sitios estratégicos públicos y que no violen la privacidad del ciudadano, como pasillos, puertas de ingreso o salida; en discotecas, bares, night clubs, cabarets, moteles, y demás establecimientos que entren en la categoría 1 y 2.

Los videos que generen estos dispositivos deberán ser archivados por seis meses, a fin de que puedan ser facilitados a la autoridad competente en el caso de que esta la requiera, para investigaciones de darse la situación del cometimiento de un delito en el establecimiento.

La medida no es nueva en el país, pues en espacios públicos como buses, taxis, centros comerciales, entre otros, se cuenta con cámaras de vigilancia. Además de que, en ciudades como Guayaquil, existen scanners que registran los datos de la cédula de identidad.

Antecedente

Este Acuerdo Ministerial nace luego de 195 operativos realizados en conjunto con las intendencias y comisarías a nivel nacional durante el último trimestre del 2014, que dejaron como resultado la clausura de 250 night clubs, la detención de 14 personas y el rescate de 104 víctimas de explotación sexual.

Estos números altos no solo se dan en este tipo de establecimientos. Por ejemplo, en el caso de centros de diversión nocturna como discotecas o bares. En el 2014 hubo un total de 21 detenidos y 250 locales clausurados, en 1.139 operativos ejecutados.

Las clausuras se han dado por diferentes motivos, presencia de menores de edad, indocumentados, falta de permisos, insalubridad, armas de fuego, expendio de drogas, etc. Esto motivó a las autoridades a tomar nuevas medidas de seguridad para precautelar a la ciudadanía, sin violar su vida privada.

Normativa

Cabe precisar que el uso de las videocámaras las regula el Centro de Control de Seguridad Privada (COSP), en las que por ningún motivo se grabará al ciudadano en la intimidad como en un baño o la habitación.

La nueva disposición solo indica que esta tecnología deberá archivar los vídeos por seis meses, y permitir su uso por la autoridad competente si así lo requiere, sino que también exige que por cada 50 clientes, haya un guardia de seguridad.

Adicionalmente, este Acuerdo permite la clausura definitiva de un establecimiento en el caso de no contar con estas medidas, que tienen un plazo de 60 días para ser ejecutadas. Así también, si en el lugar se encontrara a menores de edad, personas armadas, expendedores de droga, etc.

El Acuerdo no establece los horarios de atención, asunto que le corresponde a la competencia local y las normas municipales que esta emita. /Redacción Quito.