Quito.- El Ministerio del Interior continúa actualizando el Modelo Integral de Seguridad Ciudadana basado en la georreferenciación del delito, la utilización de modernos mecanismos tecnológicos y el apoyo a las custodias privadas en Ecuador.

El nuevo modelo de gestión de la Policía Nacional ha permitido desconcentrar a lo largo y ancho del territorio nacional los servicios de seguridad, permitiendo identificar y atender a cada uno de los sectores de las 24 provincias del país con distintos programas y herramientas de acuerdo a las necesidades y características sociales y geográficas.

Esta es una inversión del Gobierno Nacional que ha generado confianza ciudadana, prevención, previsión, respuesta inmediata y resultados efectivos de la gestión de la Policía Nacional frente a la delincuencia organizada que opera al interior del Estado.

Primer distrito modelo

Quito es el principal Distrito Metropolitano del Ecuador donde la Policía Nacional ha desconcentrado sus servicios en sectores más pequeños (circuitos y subcircuitos), a fin de que los barrios estén más seguros.

Auxilio inmediato, botones de seguridad, barrio seguro, escuela segura, local seguro, contactos ciudadanos, alarmas comunitarias entre otros conforman un portafolio de servicios ofertados hace algunos años por la institución del orden en aras del ‘Buen Vivir’.

El general Ramiro Mantilla, Comandante del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),resalta que la responsabilidad principal de la Policía Comunitaria es organizar a la ciudadanía en temas de seguridad. “Ser el vínculo entre la comunidad y autoridades, ganar sitios seguros para la Convivencia Social Pacífica y ganar confianza a través de reuniones permanentes”, detalla.

La seguridad es la principal preocupación que tienen los ciudadanos a nivel mundial. Quito mantiene una tasa de 5,63 homicidios por cada 100 mil habitantes lo que la convierte en una de las ciudades más seguras de Latinoamérica.

“El control de bares, discotecas y centros de tolerancia nos está dando buenos resultados”, resalta Mantilla. El acuerdo ministerial 5318A dispone que todos estos locales instalen cámaras de video para que registren durante seis meses todos los actos que sucedieron en el inmueble, a excepción de los pasillos, baños y habitaciones privadas.

“Si sucede un delito ese video es la prueba para evitar la impunidad. En todos los sitios públicos donde existe reunión o aglomeración de personas deberían existir cámaras que ayuden a la Policía Nacional a iniciar investigaciones, identificar y dar con el paradero de los sospechosos de actos delictivos”, indica el jefe policial de la capital.

Nuevas herramientas

Desde el pasado 30 de enero de 2015, el Ministerio del Interior con el objetivo de seguir consolidando la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica emitió a las Intendencias y Comisarías del país la disposición de colocación de cámaras de vigilancia permanentes en sitios estratégicos públicos, donde no se viole la privacidad del ciudadano. Pasillos, puertas de ingreso o salida en discotecas, bares, night clubs, cabarets, moteles u otros que entren en esta normativa.

Los videos que generen estos dispositivos deberán ser archivados por seis meses, a fin de que puedan ser facilitados a la autoridad competente en el caso de que esta la requiera, para investigaciones de darse la situación del cometimiento de un delito en el establecimiento.

Esta medida viene funcionando ya hace algún tiempo en espacios públicos como buses, taxis, centros comerciales, entre otros que ya cuentan con cámaras de vigilancia. Además, en ciudades como Guayaquil, existen scanners que complementan los controles, con registros de los datos de identidad.

Fotografías:

Cámaras de seguridad

El uso de las videocámaras son reguladas por el Centro de Control de Seguridad Privada (COSP), organismo que establece que por ningún motivo se grabará al ciudadano en la intimidad como al interior de un baño o habitación.

La nueva disposición también exige que por cada 50 clientes haya un guardia de seguridad en cada local. Este acuerdo permite además la clausura definitiva de un establecimiento en el caso de no cumplir con estas medidas, que tienen un plazo de 60 días para ser ejecutadas. Así como si en el lugar las autoridades encontraran a menores de edad, personas armadas, expendedores de droga o evidenciaran otras actividades ilícitas.

Ciudadanía

Daniela Alarcón considera que se deben mejorar las medidas de seguridad en bares, discotecas u otros centros de diversión nocturna. “Ante el microtrafico de drogas y los robos en estos locales deberíamos tener mecanismos tecnológicos para que los propietarios puedan estar pendientes y brindarnos un servicio seguro”, dijo.

Genny Paz es de la provincia de El Oro y cree que las cámaras de seguridad son un respaldo para la ciudadanía. “Debemos prevenir, las cámaras posibilitan denunciar e identificar a los antisociales en caso de ser víctimas de la delincuencia”, acotó.

Víctor Enríquez está 100 % de acuerdo con este modelo integral de seguridad ciudadana. “Primero hay que empezar a controlar la droga que acaba con la juventud. De igual forma a los libadores que generan violencia, por eso los botones y las cámaras de seguridad servirían para un control público adecuado”, agregó.

Betsy García ha radicado 15 años en España y planteó la idea de que la seguridad debe estar dentro y fuera de los locales comerciales en respuesta a la delincuencia. “Es una idea excelente ya que los policías se ayudan con la tecnología en la identificación y reacción del delito”, formuló.

Diana Burbano evaluó esta alternativa de seguridad a la cual catalogó de importante porque fomenta el cuidado ciudadano y la protección de los bienes privados y públicos del país.

Gabriela Naranjo citó que en casos de violencia se puede identificar con las cámaras a los responsables de los actos delictivos. “Es una buena alternativa de seguridad que nos va a permitir denunciar y respaldar a la Policía Nacional en los procesos de Ley frente a la impunidad”, distinguió.

Jaime Gonzales coincidió en que en estos negocios donde se expende bebidas alcohólicas es importante ubicar sistemas integrados de seguridad. “Cámaras y botones facultarían a la Policía Nacional controlar sitios donde casi no puede intervenir. Existiría más confianza y colaboración ciudadana”, destacó.

Resultados

250 night clubs fueron clausurados, 14 personas detenidas y 104 víctimas de explotación sexual rescatadas durante 195 operativos realizados por las intendencias y comisarías a nivel nacional durante el último trimestre del 2014. En ese año hubo un total de 21 detenidos y 250 locales clausurados en 1.139 operativos de control del Orden Público. /Redacción Quito.

Vídeo: