Ecuador promueve Política Migratoria Inclusiva y de respeto a los DDHH
Las políticas
públicas en materia de movilidad humana nos muestran
un modelo de integración
social
desde
una perspectiva de respeto a los derechos
humanos.

La
Constitución de la República del Ecuador del 2008
presenta una nueva concepción de Estado al definirse
como plurinacional e intercultural. Así, se reconoce
el hecho innegable de que Ecuador es un país diverso y
a la vez se hace justicia a aquellos pueblos
originarios que por mucho tiempo fueron ignorados. Es
por ello que la movilidad humana se ubica en la
Constitución en el Título II (Derechos) dentro de las
personas y grupos de atención prioritaria.
En el marco del buen vivir, la Constitución reconoce
la migración como un Derecho, por lo cual se propone
no identificar a ningún ser humano como ilegal por su
condición migratoria (Art. 40 CPE) y, en el contexto
de las relaciones internacionales (Título VIII) se
apela al «principio de ciudadanía universal» (Art. 416
CPE).
La Constitución es el fundamento del
«Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. En dicho
Plan se encuentra el diagnóstico sobre Movilidad
Humana y Derechos Humanos (Objetivo 5 PNBV) que, en
líneas generales, está acorde con los principios
constitucionales al referirse al ejercicio de
derechos, y al principio de ciudadanía universal, del
cual se afirma que se han dado pasos en firme para
respetarlo.
Las políticas públicas en
materia de movilidad humana nos muestran un modelo de
integración social desde una perspectiva de respeto a
los derechos humanos. Actualmente los ciudadanos
extranjeros no requieren de visa para ingresar al
Ecuador por el lapso de 90 días con fines turísticos;
excepto los ciudadanos de la República Popular China,
Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia,
Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia, que si requieren
de visado.
En todo caso, cuando la
estadía va a ser superior a 90 días, deberán acercarse
a la Dirección de Extranjería del Ministerio de
Relaciones Exteriores para regularizar su situación.
Quienes no cumplan con este proceso deberán abandonar
voluntariamente el país o de lo contrario pueden ser
deportados.
Las Jefaturas y Subjefaturas
de Migración de la Policía Nacional, son quienes se
encargan de ejecutar operativos de control migratorio
diurno y nocturno en hoteles, residenciales,
hosterías, mercados, plazas, terminales terrestres,
parques, iglesias, centros nocturnos, empresas, etc.,
tanto en la zona urbana como rural, con la finalidad
de localizar a los ciudadanos extranjeros que
incumplan las leyes migratorias o que estén realizando
actividades no acordes a su calidad migratoria.
Conforme la norma andina, todo ciudadano
originario de los países comunitarios en calidad de
turista pueden obtener una estadía de 90 días, con una
extensión de su permanencia por un tiempo similar.
En conclusión la política migratoria del
actual Gobierno ha sido aplaudida a nivel mundial por
los entendidos al ser uno de los pocos países en el
mundo, sino es el único, que trata el tema de la
movilidad humana bajo el principio de la ciudadanía
universal.
Porque tu derecho, es el
derecho de todos