Quito. Teniendo en cuenta la campaña desinformativa del señor Rosero, el Ministerio del Interior, junto con la Policía Nacional, precauteló el cumplimiento e irrestricto respeto de los Derechos Humanos de los cinco ciudadanos aprehendidos por desacato en Ibarra.

El pasado jueves 14 de mayo y viernes 15, se ejecutó varios operativos de control y orden a las afueras de las instalaciones del Fondo de Cesantías del Magisterio. Esto, debido a que la entidad pasó a formar parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Previo a la posesión de las autoridades, en la ciudad de Ibarra, los ciudadanos David R., Roberto V., Irene O., Mario L. y Jaime V., pusieron resistencia e impidieron a las autoridades ingresar al edificio. Al ocurrir esto, las fuerzas del orden los detuvieron, siempre precautelando los Derechos Humanos.

Los ciudadanos fueron sometidos a unos exámenes médicos para verificar su estado de salud, posteriormente, en un bus, fueron trasladados a la ciudad de Quito para la formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia.

La tarde de este miércoles 20 de mayo, a las 17h20, el Fiscal de turno puso en libertad a los acusados, con la condición de que se presenten cada semana para la instrucción de cargos. El Fiscal indicó a los ciudadanos que para él quedó claro que las detenciones efectuadas por los miembros policiales no fueron de ninguna manera arbitrarias o ilegales.

Desde que inició el nuevo régimen, la Policía Nacional ha cambiado su modelo de gestión. Sus gendarmes son capacitados para el buen trato al ciudadano sea cual sea la condición social de este y de velar por el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos. Tanto así, que en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, no se presentaron inconvenientes ni percances que lamentar.

Se realizó la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La fiscal subrogante, Cecilia Armas, relató que cuando los policías intentaron allanar las oficinas del Fondo de Cesantía de Ibarra, el lunes pasado, los detenidos los agredieron.

Según la funcionaría, este delito se encasilla en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) inciso segundo, que determina que quien ataque o se resista con violencia a la acción de agentes de la fuerza pública y lo haga entre muchas personas y previo concierto podrían recibir penas de cárcel de entre uno y tres años.

Quito

En la ciudad de Quito, alrededor de las 19h00 del jueves 14 de mayo, se llevó a cabo la posesión del edificio. Cerca de 30 gendarmes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) resguardaron sus exteriores. Durante el operativo, no se presentaron incidentes, desmanes o uso de la fuerza.

Cuenca

El viernes 15 de mayo, en la ciudad de Cuenca, 30 gendarmes resguardaron la seguridad e integridad de maestros y funcionarios del Biess, quienes notificaron el traspaso del Fondo a esta entidad.

En la ‘Atenas del Ecuador’, el proceso se llevó con normalidad pese a ciertos maestros que protestaban a las afueras del edificio para obstaculizar el paso de los funcionarios. Sin embargo, ambas partes guardaron compostura y no hubo desmanes ni uso de la fuerza pública.

Manabí

En la ciudad de Portoviejo, desde tempranas horas, miembros de la Policía se instalaron en el edificio con el objetivo de mantener el orden público y brindar seguridad a funcionarios y maestros.

Como expone la Constitución de la República, la Policía Nacional tiene el rol de brindar seguridad ciudadana y mantener el orden público. En eso se basa el personal de las fuerzas del orden a nivel nacional. Estas acciones quedaron demostradas al no presentarse mayor incidente ni irrespeto o agresión a la ciudadanía durante estos eventos. Redacción A. V. /Quito.