Presunta red de contrabando de hidrocarburos fue capturada, en Sucumbíos
Sucumbíos.- En el cantón Lago Agrio, de la provincia de Sucumbíos, elementos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos (Uideh), de la Policía Nacional, aprehendieron a cinco personas, entre ellas tres servidores públicos, que facilitaban el contrabando de derivados de petróleo hacia Colombia, recibiendo a cambio fuertes sumas de dinero.
Desde hace tres meses, los agentes de la Uideh investigaban un delito de fraude contra el Estado ecuatoriano, que sería cometido por una presunta organización delictiva liderada por un funcionario perteneciente a la Agencia de Control y Regulación de Hidrocarburos (ARCH), quien se aprovechaba de su cargo para, en complicidad con dos servidores de la misma institución y la administradora de la Estación de Servicio El Proyecto, ubicada en la vía Lago Agrio-El Tsacha, otorgaban permisos y cupos para obtener el producto a personas no autorizadas, a cambio de réditos económicos.
El mayor Jhon Luna, jefe de la Uideh, explicó que su modus operandi era dar a una Estación legal que tenía acceso a 10 mil cupos, solo la mitad de lo que le correspondía, ofertando los otros 5 mil cupos a los otros miembros de la red delictiva, que se encargaban de movilizar diésel y gasolina blanca hasta el país del norte, donde según las investigaciones caía a manos de grupos irregulares que lo utilizaban para procesar droga.
Intervención
En el operativo Oriental, que se ejecutó en coordinación con Fiscalía y con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), fueron allanadas la Refinería Shushunfindi, donde trabajaban y habitaban los funcionarios de la ARCH; la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos de Lago Agrio y cinco inmuebles más, donde se recabó gran cantidad de evidencia documental. Todo se convirtió en elemento de convicción que permitiría a las autoridades establecer el nexo causal entre la materialidad de las infracciones cometidas y la participación de los presuntos responsables.
Detenidos
Paúl D., Franklin V. y Diego R. (funcionarios del ARCH ), Mery R. y Washington C. El perjuicio al Estado sería de entre 40 y 50 mil dólares mensuales. La banda delictiva habría estado operando desde hace un año y ahora es juzgada por delincuencia organizada con delitos adicionales como cohecho, concusión y tráfico de influencias. Redacción M.M. – Guayas.