La Erradicación de la Violencia de Género es una prioridad constitucional que debe de ser abordada desde el Estado de manera integral a través de la generación de políticas y  programas que permitan garantizar la protección y atención integral contra todo tipo de violencia.

Así lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 66.3 al establecer que: «Se reconoce y garantiza a las personas el Derecho a la Integridad Personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual (literal a), y el Derecho a una vida libre de violencia  (literal b) en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual(…)»

Para cumplir la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia y consiente de esta problemática, el Presidente de la República declara por primera vez en el país, como Política de Estado la Erradicación de la violencia de género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, entendiendo a este problema como una violación de derechos humanos que pone en riesgo la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes y que perjudica a la seguridad ciudadana, a la salud pública y al desarrollo del país.

Este esfuerzo que se viene trabajando desde el año 2007, a través del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres,  reúne a diferentes carteras de Estado, como el Ministerio del Interior (donde reside su coordinación), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social; Consejo de la Niñez y Adolescencia y Comisión de Transición hacia el Consejo de las mujeres y la Igualdad de Género. A este espacio de coordinación interinstitucional se han sumado el Ministerio Coordinador de Desarrollo social y otras funciones del Estado como la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Asamblea Nacional.

Proceso de transformación

Para dar respuesta a las necesidades ciudadanas se ha trabajado, desde el Ejecutivo, en un proceso de transformación del Estado para asegurar un sistema de justicia y de protección integral adecuada y especializada; así como también el cambio de los patrones socio culturales que naturalizan la violencia. Para ello, este Plan, trabaja la erradicación de la violencia de género desde cinco ejes de intervención:

• Transformación de patrones socio-culturales

• Construcción e implementación del Sistema Único de Registro

• Construcción y Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral

• Acceso a la Justicia

• Institucionalidad

Aun existen retos importantes que se impulsan desde la coordinación del Plan de Erradicación de la Violencia de género, entre los principales está la necesidad de institucionalizar la erradicación de la violencia de género en todos los niveles del Estado, a través de su incorporación en marcos normativos, en la planificación y en las políticas nacionales y sectoriales, de acuerdo a las competencias y atribuciones de cada una de las instituciones en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, que es el instrumento de planificación y política pública que contiene los principales retos y prioridades nacionales para la construcción de un Estado igualitario, equitativo, plurinacional e intercultural.

De esta forma el Estado garantizará el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de todas las personas que sufren o han sufrido violencia de género,  como condición necesaria e indispensable para alcanzar el Buen Vivir.