Asociación ilícita es el delito que se investiga en el proceso de pases policiales

Quito. Diego Fuentes, ministro del Interior subrogante fue enfático al afirmar que el delito que se investiga sobre los pases policiales es asociación ilícita, más no la gestión o solicitud de los mismos. Esto en relación a las declaraciones que realizó el ex comandante general de la Policía Nacional Fausto Tamayo, este jueves en la Corte Nacional de Justicia.

En declaraciones ante los jueces de la Corte, Tamayo señaló a altos funcionarios del Gobierno como quienes habrían gestionado pases de policías. Ante estas supuestas aseveraciones, Fuentes dijo que toda persona puede solicitar un pase de una plaza a otra, lo que no se puede hacer es cobrar por gestionar estas solicitudes.

Solicitud de pases

“Los policías tienen todo el derecho de pedir un pase, pero esta estructura cobraba entre 3 mil y 5 mil dólares por tramitar y asegurar el pase y ese delito es el que se está investigando. Hay personas que han sido sentenciadas porque han reconocido el delito y han ratificado que existía esta estructura”.

Fuentes puso ejemplos que suceden con regularidad, en donde una madre de un policía solicita un pase porque su hijo está en una plaza que se encuentra alejada de su familia y de su domicilio.

Otro caso es cuando el mando institucional por necesidades del servicio puede solicitar el pase o funcionarios que por la delicadeza de su trabajo tiene asignado personal de seguridad pueden demandan el pase de ese personal.

Pases irregulares

El Secretario de Estado analizó que si el ex comandante Tamayo asevera que con el supuesto dinero que se cobraba se financiaban actividades del Gobierno deberá probarlo. “La cortina de humo está en quienes pedían los pases. El tema está en que si Tamayo recibía las disposiciones para tramitarlos de manera irregular debía informar a través de una denuncia por escrito ante la Comisión de Pases o ante la Fiscalía”.

La denuncia sobre esta investigación la realizó el Ministro Serrano en julio del 2015, ante la Fiscalía General de la Nación, donde informó que se había descubierto una red de corrupción de pases que no correspondía ante las necesidades del servicio y que estaba liderada por personal activo de la Institución policial.

El procedimiento legal cuando se solicitaba un pase de una plaza de servicio a otra era a través de la Dirección General de Personal (DGP) y la Comandancia General de la Policía. Fuentes informó que la Comisión de Pases no es quien autoriza los mismos.

La DGP es quien analiza que el pedido cumpla con todos los requisitos legales y bajo un informe pasaba a la Comandancia y era Tamayo como comandante (en ese entonces) quien firmaba y autorizaba el trámite.

Luego este regresaba a la DGP donde su director disponía el traslado. “La Comisión de Pases no analiza las solicitudes caso por caso, solo firmaba el conocimiento de la política y los movimientos de los pases, es ahí que nos dimos cuenta de que había un numérico que no coincidía con las necesidades del servicio y por eso fuimos nosotros quienes denunciamos estas irregularidades ante la Fiscalía”, señaló Fuentes.

Auditoría de pases

La Inspectoría General de la Policía está ejecutando una auditoría a la DGP que va a permitir clasificar cuántas personas han solicitado pases. “Hay solicitudes que no son ilegales, pero esta auditoría permitirá cuadrar si las mismas responden a los reglamentos internos de la Policía”.

Fuentes finalizó su intervención señalando que también se investigarán a las personas que pagaron por los pases ya que también están incurriendo en un delito ya que “tanto es culpable quien cobró como el que pagó por un pase de una plaza a otra”.

La Corte Nacional de Justicia organizó un cronograma para que alrededor de 600 policías testifiquen sobre esta investigación. Fuentes informó que fue llamado por el Tribunal Penal para testificar sobre el caso y que lo hará en los próximos días. OR/Redacción Quito.