Los uniformados, con ayuda de maquinaria, derribaron ocho edificaciones que ilegalmente eran ocupadas por personas que al parecer fueron engañadas por traficantes de tierras.

En el lugar, Julio César Quiñónez, director de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, se comprometió a ayudar para la reubicación de las familias que fueron afectadas. Entre tanto, el predio quedó con custodia policial.

Este terreno, que tiene una extensión de 15 hectáreas, fue cedido en comodato por parte del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) a la Policía Nacional en 1997.

En esta área, desde febrero del 2013, se construirá  una Escuela de Formación de Policía  que recibirá a 1000 aspirantes, como parte de un proyecto que impulsa el Ministerio del Interior, que también promueve la edificación de otras escuelas en Quito y El Oro para otros 2 500 postulantes a policías.