Guayaquil, 12 de marzo de 2018. Marianita Zambrano camina sola por el patio del Instituto de Neurociencias que funciona en el centro norte de Guayaquil. Nunca se desprende de un bolsito rojo que contiene sus objetos personales. Cuentan profesionales que cada amanecer, al despertar, lo agarra y se encamina hacia la puerta de salida. Tiene un deseo interno de ir a casa, abrazar a su familia, pero nadie los conoce, ni la visitan siquiera. Los días comienzan y terminan, con la pequeña mujer, de mirada triste, apegada a las rejas.

Desde hace unos 35 años, Marianita, de piel canela, marcada por lunares y pequeño cuerpo rollizo, es paciente de ese instituto según los archivos. Ahora es una de las 198 personas que, desde el mes pasado, registró el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, gestión que tiene como primordial intención visibilizar a quienes permanecen internados en una situación de abandono, ya sea en centros de acogida, albergues, orfanatos, casas de refugio, u hospitales, como el Instituto de Neurociencias de Guayaquil.

Con el registro de personas, que hasta ahora, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se ha realizado en 15 centros de Quito y nueve de Guayaquil, se busca ayudar a encontrar a los familiares de quienes, con el paso del tiempo, sus circunstancias de vida o de salud, los han llevado a hacer del encierro de una institución su “hogar”. La lista es ya de 308 personas, refiere Tomás Guayasamín, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes.

En el hospital de Neurociencias realizaron el registro los primeros días de marzo. Un equipo del Ministerio del Interior, liderado por Ricardo Espinoza, y personal de la Policía Nacional recopilaron toda la información posible de 198 pacientes: como los nombres con los que han sido identificados, edad, estatura, características físicas, etcétera. “Después del registro, lo primero que se hace es cotejar esa información con la de personas que han sido reportadas como desaparecidas”, comenta el funcionario. En ese proceso también se cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado.

Una vez realizada esa diligencia, la información obtenida, junto con una fotografía de la persona, es publicada en la página de internet www.desaparecidosecuador.gob.ec, creada por el Ministerio de Interior. Se la coloca bajo la etiqueta ‘Busco a mis familiares’; además, en esa web la ciudadanía puede acceder a dos viñetas que contienen información de ‘Personas desaparecidas’ y ‘Ayúdanos a identificarlos’.

“Con frecuencia cuando alguien desaparece los familiares lo buscan en los hospitales, albergues, casas de acogida, gerontológicos o, inclusive, en morgues. En varias ocasiones han reclamado que no exista un sistema de registro de las personas en los centros. Esta preocupación fue considerada por el ministro César Navas; y de ahí nació la iniciativa de crear un registro sencillo de personas”, expresa Tomás Guayasamín.

Aunque, según cifras del Ministerio del Interior, un 92% de ciudadanos desaparecen por voluntad propia, Julia Abad, trabajadora social del Instituto de Neurociencias, comenta que en el centro hay casos de personas que, por haber presentado algún problema de salud, fueron abandonadas por sus familiares; no obstante, refiere: “Con la medicina adecuada están controlados y bien pueden ser acogidas en sus hogares”.

Cita el ejemplo de Aída, una mujer que padece de epilepsia y vive en el área de Hogar Supervisado del Instituto. Cada cierto tiempo, cuenta, ella viajaba a Quito a visitar a su padre, hermanos y sobrinos; sin embargo, cierto día no la recibieron más. “Les informamos que la paciente debía ser acogida en el seno familiar y le cerraron las puertas. Como la de muchos, su situación es triste, ella se deprime. Es una mujer que está bien. Tiene hermanos profesionales, pero le niegan la acogida; desconociendo que el Código Integral Penal (COIP) ya sanciona el abandono de las personas”, dice la profesional.

El Artículo 153 del COIP determina sanciones, incluso de prisión, para quien incurra en el “Abandono de persona.- La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de 16 a 19 años”.

Cuando terminó la labor de registro, Susana Ordóñez, jefa de residencias del Instituto de Neurociencias, comentó que, tanto profesionales como internos están motivados. Tienen la ilusión de que se logre reinsertar en sus hogares a quienes, si bien tienen alguna afectación en su organismo, consiguen desenvolverse solos y podrían vivir con algún familiar. Con epilepsia, como Aida por ejemplo, hay otras 20 personas.

”La mayoría de personas que ha registrado el Ministerio del Interior, en Quito y Guayaquil, tiene algún grado de discapacidad intelectual, física o psicológica. Es frecuente que han sido abandonados por sus familiares o, en su defecto, encontrados por la Policía en calidad de habitantes de calle. Son personas que no tienen algún tipo de identificación, que acredite quiénes son y de dónde provienen”, dice Guayasamín.

No obstante, una diligencia de quienes administran los centros para favorecer a los internos o pacientes; para que, por ejemplo, puedan ser ingresados formalmente al sistema de salud, es crearles identidades «simbólicas» o mediante inscripciones tardías. Por ejemplo, entre las personas registradas ahora en Guayaquil hay dos Ponce: Elisa y Dominga, quienes han sido inscritas con el apellido del filántropo guayaquileño Lorenzo Ponce, cuyo nombre llevaba antes el ahora Instituto de Neurociencias.

“Todos tienen un sobrenombre que les permite ser incluidos en la colectividad de los centros para la creación vínculos afectivos”, indica Tomás Guayasamín. Marianita Zambrano, en cambio, está registrada con esa identidad desde la primera vez que llegó al instituto. En los archivos del centro se puede leer que fue llevada por la Policía Nacional, que la encontró deambulando en una “zona de tolerancia”. Cuando conversa con los profesionales, ella cuenta que tiene tres hermanas y un hijo, cuyo nombre sería José Antonio; también que su familia vive en el cantón Durán. Pese a esa información ha sido complicado hallar a su familia, comenta Julia Abad.

Contrario a lo que sucedió con Viterio Sarango, paciente que padece de trastorno mental, originado por una lesión cerebral, quien, con apoyo del MIES, fue trasladado a Loja, de donde es originario. “Estaba consciente, pero no hablaba. Un día agarró un papel y escribió de dónde era. También la dirección de su domicilio y detalles de su familia. Y la hallamos. No accedieron a recibirlo, por falta de recursos, pero al menos, por gestión del MIES, consiguió un espacio en un centro de su Loja. Aspiramos que sus parientes se sensibilicen y al menos lo visiten”, cuenta Susana Ordóñez.

Y mientras las profesionales cuentan experiencias con los pacientes, por los pasillos del centro se escurre Juan Avilés. No camina, pero al ritmo de su silla de ruedas, mueve el tronco, la cabeza, sus brazos; y, después, se aplaude. Tararea la letra de una canción que, aunque nadie entiende, lo alegra. La esquizofrenia que padece, no altera su personalidad. Es más, saluda con una sonrisa, huérfana de dientes, pero contagiosa. A él nadie lo visita y las posibilidades de reinserción son casi nulas. Pero nadie pierde las esperanzas de que algún familiar pueda recibirlo. (MB/Redacción Guayaquil).

Para mayor información:

www.ministeriodelinterior.gob.ec