La aplicación de la tabla del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), estableciendo cantidades máximas de droga que pueden portar un ciudadano para su consumo, determinará cambios en los mecanismos de control que realiza la Policía Nacional.

El Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior señaló que es necesario realizar desde la Policía un seguimiento a las personas a las que se les encuentre portando droga y determinar si es un consumidor o si se dedica a la provisión de estupefacientes.  Los uniformados deberán hacer un monitoreo de los supuestos consumidores que incluye los lugares y sectores donde se encuentren, las cantidades que tengan en su poder y el tipo de psicotrópico que potencialmente podrían consumir.

Aclaró que la resolución del Consep se aplica desde la perspectiva de una política adecuada de salud y no de represión. Los presos no son consumidores, son proveedores. En este plan integral también  deben participar el Ministerio de Educación, de Salud Pública, Seguridad Pública y todas las entidades de apoyo social para estructurar una política seria que combata en forma efectiva a las drogas.

La resolución del Consep fue publicada en el Registro Oficial del pasado 20 de junio. En última instancia serán los jueces y fiscales los que determinen si un detenido es consumidor o proveedor, de acuerdo a la ley.

Trabajo contra proveedores
El Comandante General de la Policía, general Rodrigo Suárez aclaró que son distintos los trabajos que hace la Dirección Nacional Antinarcóticos de la del Consep. Aclara que la labor de la Policía va en el sentido de  investigar  a los sospechosos y presuntos proveedores, el del Consep  se orienta hacia los consumidores.

Continuaremos con los trabajos de inteligencia para detectar  las diferentes formas de venta de droga y la Policía trabaja bajo los aspectos que determina la Ley. Nosotros diferenciamos claramente lo que es tenencia de droga para consumo, afirmó el alto oficial de la Policía.

Es necesario un cambio de estrategia para prevenir el consumo de drogas y para ello se está trabajando en un plan integral  que enfoque también el microtráfico y evite que la droga se inserte en nuestra sociedad, particularmente, en los jóvenes y adolescentes que  corren el riesgo de caer en la narcodependencia, señaló el Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.

Córdova precisó que el microtráfico de drogas en centros educativos del país sufrió recientemente un golpe contundente al detenerse a 38 personas dedicadas a esta actividad ilícita que amenaza a  miles de adolescentes y jóvenes ecuatorianos. “Vamos a combatir el microtráfico sin descuidar al narcotráfico”, señaló Javier Córdova.

El operativo respondió a varias estrategias, entre ellas, el programa Colegio Preventivo que busca erradicar y disminuir el expendio de sustancias psicotrópicas en centros educativos y detener a los vendedores y sancionarlos de manera ejemplar.

Inteligencia policial
La Policía realizó controles en las cercanías de los diferentes planteles educativos en 7 provincias del país y que de acuerdo a las investigaciones de inteligencia policial se detectaron mayores niveles  de comercialización y consumo de drogas. Los índices de mayor comercialización y consumo de drogas en micro-tráfico fueron las provincias de Pichincha, Guayas , Santo Domingo, Azuay, Esmeraldas, Carchi , El Oro, Manabí e Imbabura.

En este plan integral también  deben participar el Ministerio de Educación, de Salud Pública, Seguridad Pública y todas las entidades de apoyo social para estructurar una política seria que combata en forma efectiva a las drogas.

Drogo-dependientes requieren tratamiento
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC,  en su informe 2012, señala que las personas drogodependientes requieren tratamiento. En el 2009, alrededor de 4.5 millones de personas en todo el mundo recibían tratamiento por problemas derivados del consumo de drogas ilícitas.

La prestación de tratamientos a todas las personas que lo necesitan sería sumamente costosa. Según estimaciones, el tratamiento de todas las personas dependientes de estas sustancias a nivel mundial tendría un costo de unos 200.000 a 250.000 millones de dólares, por cuanto los costos médicos serían entre 4 y 8 veces superiores a los costos médicos normales.

Según la misma UNODC, es imprescindible tener un concepto claro del capital social, el cual se basa en normas o valores compartidos que fomentan la cooperación social. La ausencia del capital social puede hacer que una sociedad sea vulnerable a la explotación por grupos de delincuencia organizada.