La mañana de este martes, el Ministerio del Interior presentó denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura en contra de  Sheila Dayan Aguilar Pazmiño, jueza Décimo Primera de Garantías Penales de Manabí,  por prevaricato. Como medida cautelar, esta Cartera de Estado solicitó  la suspensión inmediata y,  luego del proceso correspondiente, la destitución de la referida funcionaria judicial.

Aguilar es señalada por dejar en libertad a María Moserrate P. C., ecuatoriana y Enrique V. G., colombiano, quienes se dedicaban reiterativamente a delitos de usura a gran escala. La jueza tomó dicha decisión pese a todas las pruebas contundentes presentadas por la Policía Nacional.

Los presuntos chulqueros podían acogerse únicamente a medidas sustitutivas (prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante un juez),  aun cuando estas vulneran la garantía de que comparezcan a juicio,  el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y el aseguramiento del cumplimiento de la pena, dejando en indefensión a los denunciantes, la sociedad ecuatoriana y generando desconfianza en la ciudadanía respecto de las instancias que se encargan de la seguridad ciudadana.

La actuación de la jueza Aguilar Pazmiño dejó sin efecto todos los esfuerzos que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizan para garantizar la seguridad y precautelar los intereses de la ciudadanía, incluso poniendo en riesgo la vida de los propios uniformados. Además, se atenta contra la seguridad de las personas que de forma decidida y valiente realizan las denuncias a través de la línea 1-800- Delitos.

Diego Fuentes, director de asesoría jurídica, manifestó que el Ministerio del Interior, dentro de su política de combate al delito de usura y en el marco de su misión de garantizar la seguridad ciudadana, seguirá adoptando todas las medidas necesarias en coordinación con las diferentes instituciones del Estado para sancionar la comisión de este y todo tipo de delitos.

Antecedentes
Gracias a una denuncia realizada a través de la línea 1800-Delitos, la Policía Nacional efectuó un extenso trabajo de investigación en los cantones Montecristi, Jaramijó y Manta, donde localizaron y detuvieron a María P. C. y Enrique V. G, quienes se dedicaban a la actividad ilícita de prestar dinero con el 20 por ciento de interés. Este delito está tipificado en nuestra legislación penal como usura.

El resultado de la investigación determinó que los denunciados operaban desde hace diez años, tiempo en el cual afectaron a muchas familias del país.

Durante el operativo de captura la Policía allanó dos domicilios donde se encontraron pruebas del ilícito como dinero en efectivo, autos, entre otros.

El Fiscal solicitó la prisión preventiva correspondiente la cual fue negada injustificadamente por la doctora Sheila Dayan Aguilar Pazmiño, concediendo medidas sustitutivas.