En un plazo máximo de ciento ochenta días estarán listas las sesenta y dos viviendas que el Gobierno Nacional construye en las comunidades de Tiwino y Bataboro, en la provincia de Pastaza.

En la construcción de las 62 viviendas, el MIDUVI asignará 2`462,000.00 dólares, además de los proyectos de captación de agua cuyo monto dependerá de los estudios de factibilidad y diseño definitivo de la obra que coordina directamente Mario López, Alcalde de Arajuno. Además, en el proyecto se incluye la construcción de los bloques de aulas tiene una designación de 135,489.09 dólares para el primero y 190,417.50 el segundo.

Las obras se incluyeron en el plan integral de atención del Gobierno Nacional y su financiamiento corre por cuenta de las regalías por la extracción de petróleo, las mismas que, así, son direccionadas en obras entre las comunidades afectadas.

Por disposición expresa, la Constitución ecuatoriana prohíbe que las empresas petroleras, públicas o privadas negocien con las comunidades indígenas los excedentes del petróleo. Especifica que el 12% de las utilidades se invertirán en obras comunitarias.

Hasta antes de aprobarse la actual Constitución, las empresas petroleras entregaban réditos económicos a los líderes indígenas, como parte de responsabilidad social por la contaminación ambiental directa que causaban en esas comunidades. Además, también por las presiones, incluso violentas, que ejercían los indígenas a los petroleros para permitirles que ingresen a los pozos. Este mecanismo se prestaba para actos de corrupción.

En Tiwino, comunidad Waoráni del cantón Arajuno, en Pastaza, se inició un conflicto en marzo del 2011, cuando los indígenas de la comunidad se levantaron en lanzas e interrumpieron las actividades del bloque petrolero. Hubo daños materiales a bienes públicos y de la empresa, heridos, y una pérdida para el Ecuador de 56.000 barriles de petróleo, según el Consorcio Petrobell Inc. – Grantmining S.A. Durante el conflicto fue necesaria la presencia militar y policial, pues la exigencia indígena era sobre el 12% de compensación petrolera, que debía entregar el Estado. Pero, insistían que se entregue ese 12% en dinero a sus dirigentes y luego repartirse según las necesidades de cada miembro.

Esto no tenía bases legales, puesto que la compensación petrolera, dice la Constitución, debe entregarse en obras físicas según los requerimientos sociales. Durante el proceso intervino Ecuador Estratégico como ente coordinador para elaborar una planificación sobre las necesidades básicas de las comunidades Waorani de Tiwino y Bataboro.

En diciembre del 2011, se firmó un acuerdo para la construcción de 67 viviendas de cemento y bloque, gestionadas desde el MIDUVI, y para la construcción de dos bloques de aulas que coordina la Dirección de Educación Hispana de Pastaza, además de la captación de agua para la comunidad. Sin embargo, un nuevo conflicto se presenta cuando los indígenas realizan un Petitorio, mencionando que “a más de las obras, que se les entregue el dinero para gestiones internas de la comunidad, que se contrate a los hombres (incluido niños) para mano de obra de las construcciones, que las mujeres sean contratadas para la preparación de la comida, que se reconozca tres comidas diarias, o sino que no se realicen las obras”.

El petitorio fue entregado a representantes de la Gobernación de Pastaza, quienes insistieron que estaba fuera de la normativa legal y que la Constitución es clara al referirse a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Representantes del Ejecutivo descentralizado visitaron las comunidades, planteándose la conformación de veedurías ciudadanas para transparentar y a la vez vigilar que las obras se cumplan según los tiempos establecidos en los contratos.