Cooperación interinstitucional ayuda a familiares de desaparecidos y de víctimas de muertes violentas

El Ministerio del Interior, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Ministerio de Inclusión Económica y Social, vienen desarrollando a través de reuniones interinstitucionales, un proyecto que busca brindar ayuda a familiares de personas que se encuentran desaparecidas o han sido víctimas de muerte violenta.
Estas reuniones técnicas ha permitido unificar los esfuerzos interinstitucionales frente a las alarmas sociales, sobre un problema que ha tomado fuerza en los últimos tiempos, como es la desaparición de personas y muertes violentas.
En el año 2013, según la Policía Judicial de Pichincha, existieron 1912 denuncias de personas desaparecidas. Sin embargo, sus familiares hasta el momento, estaban a la espera de colaboración y asistencia, al momento de la desaparición o muerte y posterior a ella.
Proceso integral
El propósito de esta cooperación interinstitucional es no solo asistir a los familiares, sino integrarlos en un proceso que inicie a través de la contención del caso. Canalizar, a través de los diferentes entidades responsables, una política de clasificación de grupos prioritarios. Establecer unidades prestas para brindar atención a los familiares de las víctimas.
El compromiso de este equipo de trabajo a nivel interinstitucional, es establecer mecanismos para brindar una atención integral (salud mental, salud física y económica de ser el caso) de acuerdo a las competencias de las entidades públicas convocadas y más cercanas a esta realidad, a través de un seguimiento sistémico de valoración social de los casos, con plena identificación de actores y estadísticas más fehacientes y claras.
Una preocupación gubernamental e Institucional de no escatimar esfuerzos en contra de la impunidad. La creación de políticas públicas, que vinculen al accionar institucional en beneficio de los familiares de víctimas por muertes violentas, como de familiares de personas desaparecidas.