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Desarticulación de «Los Choneros» sienta precedente contra la impunidad

El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí sentenció a 25 años de reclusión mayor a los nueve implicados en el asesinato de Jairón Carreño Mendoza, ocurrido en mayo del 2011, en Manabí.El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí sentenció a 25 años de reclusión mayor a los nueve implicados en el asesinato de Jairón Carreño Mendoza, ocurrido en mayo del 2011, en Manabí.

Los jueces consideraron que no existen atenuantes para la rebaja de penas, además dictaminaron que Manuel Cornejo y Patricio García cumplan la pena en los Centros de Privación de Personas en Conflicto con la Ley de Portoviejo y Jipijapa, mientras que José y Javier Macías Villamar (hermanos), Jorge Luis Zambrano, Orlando Cuenca, Maximiliano López, Éder Proaño y Luis Ferrín serán recluidos en el centro de Máxima Seguridad de Guayaquil (La Roca).

La Fiscalía General de la Nación, con sede en Manta, basó su acusación en el testimonio del sobrino de Carreño, quien presenció el asesinato y afirmó que el 14 de mayo del 2011 tres de los nueve acusados ingresaron al domicilio y acribillaron con 22 disparos a Jairon Carreño.

Esta audiencia de juzgamiento tuvo una suspensión el pasado 13 de junio por un pedido de reacusación a dos de los tres miembros del Tribunal VI que hizo el Fiscal General, Galo Chiriboga, quien demostró con fotografías que uno de los jueces mantenía reuniones con la esposa de Luis Zambrano.

Esta actitud hizo que Chiriboga solicite al Consejo de la Judicatura el cambio de los dos magistrados Eduardo Carlos Flores Barcia y Marco Zambrano Mendoza.

A los sentenciados, presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Choneros”, se los vincula con el crimen organizado, sicariato, asalto a entidades bancarias, tenencia ilegal de armas de fuego, asaltos en carreteras e intimidación a empresarios.

En varias ocasiones el ministro del Interior, José Serrano, advirtió que la Policía, a través de sus unidades especiales, continuará con el seguimiento para la desarticulación de organizaciones delictivas, que atentan a la seguridad ciudadana, ratificando la lucha contra la impunidad.