«Conjunto de políticas, estrategias, proyectos, acciones, entre otros, que deben ser programadas y coordinadas para generar conciencia sobre la dimensión y gravedad del problema”, y lograr que las diferentes instancias del Estado y sectores sociales comprometidos con el tema articulen respuestas efectivas. Estas respuestas deberán incluir:

• Acciones que apunten a modificar las causas estructurales y factores de vulnerabilidad que promueven la Trata interna e internacional de personas en todos sus fines
• Políticas y programas que propendan al cambio de patrones socioculturales que alimentan y mantienen este delito
• Medidas de regulación y control que impidan la proliferación y naturalización de los casos de Trata de personas.

Protección Integral y Reparación-Restitución de Derechos

Es la garantía que ofrece el Estado a víctimas, potenciales víctimas y a sus familias, independientemente de su colaboración en los procesos legales, y en concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta garantía incluye, entre otras acciones:

• Adoptar medidas que protejan la integridad física de las personas afectadas.
• Promover servicios de atención integral y con personal especializado que brinde asistencia médica, psicológica, social, legal y educativa, así como oportunidades de empleo, educación y capacitación que faciliten la reintegración social y económica de las víctimas.

Los espacios de acogimiento y la información adecuada y oportuna son parte del proceso de protección integral. Un paso previo a la protección, sin embargo, es la identificación de las víctimas, requisito imprescindible para que éstas puedan acceder a los servicios de asistencia y protección.

Junto a las acciones arriba mencionadas, la protección contempla la reparación que se refiere a la posibilidad que se debe dar a los individuos para que accedan a un recurso eficaz con el objeto de aliviar el daño sufrido. La reparación incluye: la restitución, indemnización, rehabilitación (atención legal, social, médica, psicológica), satisfacción (a través de sanciones, disculpas públicas, etc.) y garantías de no repetición (por ejemplo, a través de reformas institucionales).

Investigación-Sanción y Acceso a la Justicia

La judicialización de los casos de Trata debe ser vista como parte del proceso de protección integral a las víctimas, pues brinda a estas personas acceso a la justicia y procura la reparación de los daños ocasionados.

Uno de los primeros pasos que se pone en acción en el sistema judicial es la investigación, que, a través de un proceso especializado, lógico, legal y pertinente, tiene por objeto establecer si un hecho constituye un delito y determinar quiénes son los/as responsables. La sanción, en cambio, busca la reparación de las víctimas por los hechos cometidos, y de la sociedad en tanto que al sancionar este delito se erradica la impunidad.

Coordinación y Cooperación

Son acciones, estrategias y mecanismos que aseguran la participación articulada de las diferentes instituciones –públicas y privadas- que intervienen en la problemática de la Trata, garantizando intervenciones más eficaces y coherentes, así como una mejor utilización de los recursos.

“Los mecanismos de coordinación y cooperación permiten el intercambio de información, la planificación estratégica, la división de responsabilidades y la sostenibilidad de los resultados”. Las acciones de coordinación y cooperación deben darse tanto a nivel nacional –entre diferentes instituciones del Estado y entre éstas y organizaciones sociales comprometidas con el tema-, así como a nivel internacional, entre países de origen, tránsito y destino de las víctimas de la Trata. Los mecanismos de coordinación y cooperación deben partir por establecer de manera clara las funciones, roles y competencias de las instituciones que intervienen en la política pública anti-trata.