La Policía Nacional, con el aval de la Fiscalía, ejecutó la operación Fortaleza 126 que desarticuló una presunta red delictiva dedicada al tráfico de drogas, que operaba en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, los Ríos y Pichincha.

Las investigaciones de las actividades ilícitas de esta presunta organización iniciaron en la provincia de Pichincha, donde se incautó 49.503 gramos de cocaína y se detuvo a cuatro supuestos integrantes, en dos operaciones antinarcóticos.

Continuando con el proceso investigativo, se determinó la estructura de este presunto grupo y la ruta que utilizaban para el transporte de cocaína, que era desde Samaniego-Colombia hasta las ciudades de Quevedo, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. Dicho alcaloide tenía como finalidad abastecer el tráfico de consumo interno en estas provincias.

Allanamientos

Con la identificación y ubicación de los ciudadanos que integrarían la red, la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) realizó las coordinaciones con la Fiscalía para la obtención de las boletas de capturas y allanamientos.

El operativo se efectuó este jueves 28 de septiembre en Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de Los Tsáchilas y Los Ríos, dando como resultado el allanamiento de nueve inmuebles, la incautación de dos vehículos y la detención de ocho personas; los ecuatorianos Oswaldo P., presunto líder, Edi V., Julio Q., Jimmy E., Benjamín N., Jackson T., Jimmy R., y una colombiana.

La intervención estuvo liderada por la ULCO, en coordinación con la Fiscalía, Departamento de Vigilancia Técnica Especializada (DVTE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Criminalística y el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC).

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes de la parroquia Mariscal Sucre de Quito, donde la autoridad dio inicio a la instrucción fiscal por 90 días. Los siete ecuatorianos fueron procesados por el supuesto delito de delincuencia organizada y les dictaminaron prisión preventiva, mientras que la colombiana recibió libertad.

El delito está estipulado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e indica que la pena privativa de libertad por este ilícito es de más de cinco años.