Gobierno no cederá ante medidas de presión
Tulcán (Carchi).- El Gobierno descartó que exista desabastecimiento de gas de consumo doméstico.
El precio de este combustible se mantendrá en $1,60 tanto en las zonas de frontera como en el resto del territorio nacional y los organismos de control vigilarán que se cumpla con la provisión normal de este producto para todas las familias ecuatorianas.
Estas decisiones fueron ratificadas por los integrantes del Consejo Sectorial de Seguridad que se reunieron este lunes 25 de junio en la ciudad de Tulcán (Carchi) y que confirmaron que el Ejecutivo no cederá ante ninguna medida de presión de grupos interesados en proteger sus intereses particulares.
A propósito del anuncio de posibles medidas de hecho en el Carchi para que se produzca un cambio en el sistema de distribución del gas de uso doméstico y para que se cambie a la gobernadora de esa provincia, tanto el ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, como el ministro del Interior, José Serrano, confirmaron que esa funcionaria cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo.
“No vamos a aceptar medidas de este tipo que solo irán en desmedro de las familias más sencillas”, aseguró Serrano, quien recordó que el Ejecutivo está empeñado en combatir el contrabando de gas en todos sus niveles.
En ese sentido, el ministro Arellano recordó que actualmente en Tulcán existen 21 bodegas y 17 unidades de transporte para la venta de este producto a través del sistema de la tarjetas inteligentes que no son otra cosa que una herramienta mediante el cual se puede determinar cuál es el nivel real de consumo de cada familia de esa zona del país.
“La tarjeta inteligente es un registro de datos con la que podemos comprar el gas como antes y al mismo precio”, recaló Homero Arellano quien aseguró que sobre este tema probablemente ha faltado mayor difusión de parte del Gobierno.
De ahí que anunció que se iniciará una intensa campaña de información para que los ciudadanos estén al tanto de cómo funciona el sistema y cuáles son sus beneficios, entre ellos, la alternativa de recibir el gas en sus propios domicilios.
“Hay mucha desinformación y manipulación con respecto a la tarjeta inteligente”, explicó Arellano, quien agregó que para evitar inconvenientes o problemas en la distribución y provisión del gas es necesaria la colaboración de los ciudadanos, principalmente de aquellos que están a cargo de algún nivel organizativo en sus comunidades.
En ese sentido la gobernadora María Elena Villarreal, afirmó que las autoridades políticas y energéticas del Carchi trabajan directamente con los presidentes de barrios y representantes de las juntas parroquiales para que aporten en el control y vigilancia de la distribución de gas.
Arellano ratificó que quienes insistan en mantener el contrabando de gas, serán detenidos y sancionados de acuerdo con las leyes vigentes y que para ello existe estrecha coordinación entre las autoridades del Gobierno, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para aplicar de manera urgente los procesos legales que sean necesarios.
PACH/El Ciudadano