Ministerio del Interior y Policía Nacional ratifican proceso de depuración de malos elementos
Quito.- Un total de 790 uniformados han sido separados de las filas policiales desde el año 2013 a la fecha. Se trata de un proceso legal permanente impulsado por el Ministerio del Interior y la propia Policía Nacional, que apuesta a recuperar la confianza ciudadana.
Según afirmó categóricamente el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, “para la Policía es intolerable contar con un miembro partícipe de un acto delictivo”, por lo que aseguró que esta exigencia constitucional y legítima ha separado rigurosamente a los malos elementos, independientemente de la magnitud de los delitos y jerarquía.
Acentuó que la propia Policía inició estos procesos de depuración en su convicción de que ni un solo miembro puede lucrar de su uniforme o función, en detrimento del trabajo de sus compañeros y de la seguridad ciudadana.
“Se trata de procesos técnicos, legales y legítimos y vamos a seguir en esta línea por el hecho que sería nefasto para la Policía Nacional que la propia razón de ser que es la excelencia de la vocación de servicio; y, sobre todo, la transparencia laboren uniformados no idóneos”, sostuvo el funcionario ministerial.
Diego Fuentes anotó que si bien se han registrado demandas judiciales de todo tipo como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias judiciales, por parte de los policías desvinculados, ninguno ha reingresado a la entidad policial. Además, señaló que las pruebas de confianza son estándares a escala mundial.
La Policía realiza controles de eficiencia e idoneidad a todos y cada uno de los servidores policiales para erradicar a malos uniformados, quienes con su mala conducta lesionan individualmente el nombre institucional y colectivamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a la seguridad integral y a recibir servicios óptimos y de calidad con eficiencia y eficacia y buen trato.
Vale decir que este proceso nació de la necesidad de recuperar la confianza ciudadana desde el año 2013, como un proyecto y actualmente se ha institucionalizado En ese año fueron desvinculados 208 servidores públicos; 377 en el 2014; 198 en el 2014; y, siete en lo que va del presente año.
En este sentido, Diego Fuentes advirtió que el hecho de disminuir cada vez más el número de personas separadas, confirma la institucionalización del proceso de depuración; el cual se mantendrá en el tiempo, independientemente de las personas que estén en el mando institucional, de manera permanente.
Sin embargo, a decir del viceministro de Seguridad interna, hay mucho por hacer, por lo que señaló que se recorre todo el país, cuyas instancias y mecanismos contribuyen para que cualquier policía, en cualquier momento sea sometido a las pruebas de confianza.
Del mismo modo, Diego Fuentes fue enfático en señalar que no únicamente se los separa de la institución policial, sino que son puestos a órdenes de la Justicia, instancia que finalmente determina las responsabilidades correspondientes.
Es importante destacar que en el 2014, los resultados de las pruebas de confianza revelan que del total de 7.245 evaluaciones toxicológicas (consumo de drogas); el 99 % cumplió y solo el 1 % no cumplió. Igualmente, de 7.393 evaluaciones psicológicas (personalidad), el 71 % cumplió; el 28 % no cumplió y el 1 % no acudió.
Entre los delitos más importantes se señalan reincidencias indisciplinarias, elusión de responsabilidades, extorsión, narcotráfico, homicidio, violación, ocultación de evidencias, delitos comunes.
Han sido separados desde el grado de coronel, pasando por teniente coronel, mayores; capitanes, tenientes, subtenientes, suboficiales primeros y segundos; hasta sargentos primeros y segundos; cabos primeros, segundos y policías. El mayor porcentaje se desvinculados está en los tres últimos rangos.
La Policía realiza controles de eficiencia e idoneidad a todos y cada uno de los servidores policiales para erradicar a malos uniformados, quienes con su mala conducta lesionan individualmente el nombre institucional y colectivamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a la seguridad integral y a recibir servicios óptimos y de calidad con eficiencia y eficacia y buen trato. Redacción R. P. /Quito.