El viceministro de Seguridad del Interior, Javier Córdova, en entrevista esta mañana en el Noticiero de Oromar TV, se refirió a los antecedentes penales que Galo Lara Yépez registra en Estados Unidos, según informó esta semana el FBI.

En la entrevista manifestó que Galo Lara en 1990 tuvo un proceso investigativo por el asesinato de joven de 19 años de edad, en Quevedo, provincia de Los Ríos. Tras la orden de detención huyó del país, durante el gobierno de Rodrigo Borja. Aunque volvió al Ecuador en  el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Lara Yépez mantiene otro proceso judicial por el cual, en septiembre del presente año fue encontrado culpable, por complicidad en el triple asesinato, del padre, madre y un menor de edad dejando a dos niñas en orfandad, la madre fue violada. Córdova recordó que el hecho ocurrió en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Las víctimas fueron degolladas y quemadas junto a su domicilio y sus cuerpos echados a la orilla de un río cercano. «Son hechos de extrema violencia que muestran la naturaleza de sus autores», insistió el viceministro.

Estos casos son estrictamente judiciales, señaló Córdova, ratificando que esto no puede ser calificado como persecución política. Además que los delitos se llevaron a cabo en el gobierno del expresidente Rodrigo Borja, por lo que en ese entonces ni hoy en día, puede llamarse persecución política como aducen Lara y sus abogados.

No se está hablando de que el señor Lara es un opositor o ha hecho una denuncia en contra del gobierno, si lo más sano para la democracia es que exista oposición, contrapeso pero de una manera sana. Y este no es el caso, ya que aquí hubo un triple asesinato que debe ser sancionado, como en efecto lo ha sido, dijo el viceministro Córdova.

El objetivo del Ministerio del Interior es terminar con la larga cadena de impunidad que ha favorecido a criminales de todo tipo.   » Lo que pretendemos en el caso de Lara Yépez es justamente eso, que el triple asesinato no quede en la impunidad. Así es tratado, como cualquier criminal que pretende huir del país y evitar la justicia. Con el objetivo que se cumpla la ley, la Fiscalía y este Ministerio han viajado a los respectivos países para solicitar las extradiciones de los criminales,  como sucedió con algunos de los prófugos de La Roca, quienes fueron recapturados en países amigos  En el caso de Lara se ha procedido de la misma manera en Panamá, donde se entregó toda la documentación a las autoridades de ese país»,  precisó Córdova.

El Viceministro de Seguridad Interna pidió a los medios investigar este delito y les exhortó para que  viajen a Babahoyo para que sean testigos de  la tragedia que los familiares de la familia Llanos Parco viven hasta hoy.  «Investiguen (medios) a profundidad el caso y no se detengan únicamente a escuchar a los abogados del señor Lara. Busque la versión de la otra parte, la visión humana del dolor que los autores intelecturales y materiales del criemen provocaron en familias inocentes y  por último recojan la versión de la Policía Nacional que logró esclarecer esto para sean los jueces quienes sancionen, como corresponda».

Usura
Córdova manifestó que los jueces deben ser parte del cambio en el proceso de seguridad ciudadana y reconoció el impulso y la gestión del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía.

«Los casos de lavado de dinero comúnmente terminan en préstamos de usura.  Quienes se dedican a este ilícito cobran intereses altísimos, emiten  letras de cambio firmadas en blanco y solicitan documentos de hipoteca de viviendas, para luego dejarlos en la calle.

Pena y sanción para actores intelectuales de asesinatos
Frente a este tema el funcionario indicó que hay que considerar que el autor material es el que ejecuta el crimen y por ende tiene su culpa, pero también se debe establecer antecedentes y sancionar a quien de manera fría y calculadora planifica el asesinato de una persona.  Por esto, esperamos, a través de la Asamblea Genral del Estado, se duplique la pena y la sanción para los actores intelectuales.

Esta posición se planteará en la reforma al Código Penal que actualmente tramita la Asamblea Nacional.