El Plan Integral contra la Trata considerará en todas sus fases de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación los siguientes principios rectores:

a)Responsabilidad prioritaria del Estado en todas las políticas y acciones adoptadas para enfrentar la  Trata de personas.

b)Primacía de los derechos humanos. Los derechos de las víctimas de la Trata personas serán el eje de todas las acciones de prevención y sanción, asistencia y protección de las víctimas y sus familias.Las medidas adoptadas para enfrentar la Trata no deberán contraponerse a los derechos humanos de las personas.

c)Trabajo articulado entre las diferentes instancias del Estado y de éstas con organizaciones de sociedadcivil y cooperación internacional que intervienen en esta problemática. El Plan integral contra la Trata de personas se articulará a otras políticas estatales relacionadas con el tema (Plan para la Erradicación de la Violencia de Género; Políticas de Justicia y Derechos Humanos, entre otros).

d)Igualdad y no discriminación por motivos de género, edad, nacionalidad, etnicidad, orientación sexual, situación migratoria, estado de salud, discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva.

e)Protección integral y personalizada a personas afectadas por la Trata, potenciales víctimas y sus familias, independientemente de su colaboración en los procesos legales.

f)Interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto impone a todas las instituciones públicas y privadas, tribunales, autoridades administrativas yjudiciales, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

g)Participación. Las víctimas y potenciales víctimas de la Trata son sujetos de derechos y su participación en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas anti-trata debe ser considerada como un aporte fundamental.

h)Reserva, Confidencialidad y respecto a la Intimidad en las acciones de rescate, la prosecución y protección a las víctimasy sus familias.

i)Políticas basadas en información sustentada. Las acciones, medidas y estrategias adoptadas deberán tomar como base las investigaciones realizadas y datos reunidos y sistematizados a nivel nacional, así como los resultados de los procesos de evaluación de las políticas implementadas.