Quito.- Para el gobierno de la Revolución del Buen Vivir, para el Ministerio del Interior, es imprescindible que la nación ecuatoriana entienda que en el pluralismo está la base de la coexistencia y el respeto de lo heterogéneo, de lo diverso, por esta razón es importante y prioritario para el país, tratar esta temática, señaló Karina Arguello, Subsecretaria de Seguridad Interna y delegada del Ministro del Interior, José Serrano, al evento internacional Pluralismo jurídico en el marco del Estado plurinacional”, inaugurado este miércoles en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia.

En su intervención, la Subsecretaria Arguello precisó que el Ministerio del Interior reconoce e incorpora el concepto de identidad cultural indígena, en la formulación e implementación de las políticas de seguridad ciudadana, en concordancia con la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos, así como del Plan de Buen Vivir.

Para esta Cartera de Estado, la seguridad y justicia son elementos fundamentales para lograr la convivencia pacífica de las personas que pertenecen a 18 pueblos y 15 nacionalidades, dentro del Ecuador, un país de paz que aspira a vivir sin miedo.

Derechos indígenas
Este seminario busca socializar aspectos que son desconocidos por la sociedad civil no indígena y mestiza del Ecuador respecto a la cosmovisión indígena. Esto ha generado una descoordinación entre la administración de justicia indígena y la justicia ordinaria, provocando afectación en los derechos individuales y colectivos de las nacionalidades y pueblos.

Desde el año de 1830 han existido veinte Constituciones Políticas del Estado. Pocas o ninguna han considerado justas las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades indígenas y con razones y propuestas, han reclamado al Estado y los gobiernos de turno, el reconocimiento de sus derechos.

La Constitución del 2008, aprobada en Montecristi, reivindica y ratifica los derechos indígenas y la independencia jurídica al interior del Estado Ecuatoriano. Es decir, el reconocimiento de su propio ordenamiento jurídico.

La Constitución vigente proclama ahora una sociedad más equitativa, en la cual el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, unitario, intercultural, plurinacional, que no solo involucra el reconocimiento de su diversidad cultural y heterogeneidad en su composición poblacional, sino que, esencialmente, manifiesta su pluralidad en los ámbitos jurídico, social y cultural.

Cabe recordar que la Asamblea Constituyente del año 1998, incorporó un capítulo completo referente a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, como un derecho específico de los pueblos indígenas, a la administración de su justicia.

Karina Arguello explicó también que un Estado Plurinacional implica el reconocimiento constitucional de la existencia de varios pueblos y nacionalidades, con sus propios saberes, valores, sistemas jurídicos, sociales, económicos, culturales, los mismos que han sido desarrollados históricamente con base a una lógica y un paradigma distintos al de occidente y en íntima relación con la madre tierra, la Pacha-mama.

En este pluralismo y coexistencia de un mismo territorio, también llamado espacio geopolítico, se ubican dos sistemas jurídicos, con normas organizadas alrededor de distintas cosmovisiones, que buscan resolver problemas culturales, religiosos, de seguridad y de justicia.

Articular mecanismos de administración de justicia
Como Ministerio del Interior, señaló la funcionaria de Estado, nuestra gestión se orienta hacia la convivencia social pacífica, en una sociedad pluralista y respetuosa. Somos parte de las instituciones vinculadas al quehacer judicial y de seguridad de nuestro país, por lo que resulta impostergable articular las diferentes formas de administrar justicia, que garanticen el respeto de las tradiciones ancestrales dentro de su jurisdicción, en su ámbito territorial, dentro del marco de los derechos humanos.

Hemos puesto en vigencia el pluralismo jurídico, el mismo que implica la convivencia en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas. Esto significa que la pluralidad jurídica establece la existencia de dos tipos de jurisdicciones, la ordinaria a cargo del Estado y la jurisdicción indígena a cargo de las autoridades Indígenas.

La Subsecretaria de Seguridad Interna consideró además que existiendo dos sistemas, que son parte del Estado ecuatoriano, debe encontrarse un adecuado mecanismo de coordinación y cooperación entre los dos, tal como dispone la Constitución de la República del Ecuador en su Art 171 inciso 2, así como el Código Orgánico de la Función Jurisdiccional en su Art 346.

Corte Nacional de Justicia
Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, al declarar inaugurado este simposio internacional manifestó que “el Ecuador, que se autodefine como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”, reconoce en la diversidad, una fuente de profunda realización humana o sumak kawsay, a más de un equilibrio o complementariedad de las personas con la naturaleza. De hecho, la plurinacionalidad suele ser considerada como la “constitución de la Constitución” porque supone el reconocimiento de todas las diversidades, sean de naturaleza étnica, cultural o de otra naturaleza.

Justicia Ordinaria e Indígena
Cada una tiene competencias propias,legítimas y reconocidas por el Estado. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia consideró que era necesario que se produzca una verdadera colaboración horizontal entre instituciones jurídicas que son constitucionalmente iguales y conectarlas dos jurisdicciones, a partir de principios y prácticas de coexistencia y de convivencia entre estas dos concepciones diferentes de justicia y de derecho.

Se han dado los primeros pasos.
El Consejo de la Judicatura ha recurrido al diálogo con los representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas, de manera que, para determinar la forma en que operarían esos mecanismos de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, será la Corte Constitucional la instancia judicial competente para pronunciarse sobre los alcances y límites de la justicia indígena frente a la ordinaria.

Ecuador no da cabida a la segregación
Ecuador es un país cuya mayor riqueza es la diversidad, por lo tanto no existe cabida para la segregación, que durante décadas ha impedido la construcción de una sociedad más tolerante e incluyente. Las vías de articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena tienen que construirse mediante el diálogo constructivo y permanente.

Objetivos

• Implementación de mecanismos pluralistas de coordinación jurídicos y de justicia intercultural, entre el sistema judicial ordinario y el sistema indígena.
• Contribuir a la comprensión del nuevo modelo de Estado Constitucional de derechos, justicia, social, intercultural y plurinacional.
  Analizar el alcance de la jurisdicción indígena al amparo de las normativas nacionales e internacionales.
• Estudiar los mecanismos de coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia en un Estado Plurinacional.
• Analizar las jurisprudencias relacionadas con la aplicación de la justicia indígena.
• Comprender lo que es la interpretación intercultural y la intervención del peritaje antropológico.
• Comprensión de nuevo modelo constitucional

Para el Secretario Ejecutivo de la CODENPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, José Chimbo, el seminario deberá brindar alternativas a temas como la interculturalidad y la plurinacionalidad jurídica, redefinir aspectos de la Pacha-mama, la Madre Tierra y el Sumak-kawsay, el Buen Vivir. Se deberán profundizar conceptos para que se efectivicen los derechos indígenas.

Con las diferencias ponencias se busca ampliar la comprensión del nuevo modelo de Estado Constitucional de derechos, justicia, social, intercultural y plurinacional y el alcance del amparo de las normativas nacionales e internacionales.

Dentro de la administración de justicia indígena, es oportuno estudiar las limitaciones con las cuales se han encontrado tanto los operadores de la justicia indígenas como de la justicia ordinaria.

Los funcionarios de la justicia ordinaria, frente a casos concretos, en las cuales intervengan miembros de los pueblos y nacionalidades, deberán realizar interpretaciones interculturales e incluso disponer la intervención de peritos antropológicos, señaló Chimbo.

Este seminario concluirá el jueves 17 de abril, participaron el Ministerio del Interior, Corte Nacional de Justicia, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador- Codenpe, la Fundación Rosa Luxemburg, líderes indígenas de la CONAIE, FENOCIN, FEINE, que agrupan a nacionalidades y pueblos como los Mantas, Tsáchilas, Saraguros, Otavalos, Cayambis, Cañaris, Guarandas, Quitus, Tisaleo, Shuaras, Panzaleos, Puruháes, y reconocidas autoridades de Colombia, Bolivia y Ecuador.