Entre el 22 de noviembre y el 19 de diciembre de 2011, al menos cuatro bombas panfletarias alarmaron a los habitantes de Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres principales ciudades del país.

Aunque ninguna de aquellas bombas dejó víctimas mortales, las explosiones no solo buscaban llamar la atención hacia las proclamas ideológicas de las organizaciones responsables. Las características del material explosivo utilizado (pólvora negra), así como la ubicación de los artefactos, sugerían el riesgo de afectar la integridad de las personas que estuvieran cerca el momento de la explosión.

Debajo de un asiento

Ese era el caso de la bomba panfletaria colocada, el 22 de noviembre de 2011, en las instalaciones de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. La Policía ubicó el explosivo debajo de un asiento, en una sala de espera cercana al despacho de la Directora Provincial. Una explosión en ese espacio, habitualmente concurrido, hubiese causado víctimas de diverso nivel de gravedad, tal cual como lo reseñaron los informes de esa época.

Las investigaciones para dar con los responsables de esos hechos se extendieron entre noviembre de 2011 y marzo del año siguiente. La información recopilada permitió dar seguimiento a las actividades de los integrantes de la agrupación denominada Grupo de Combatientes Populares (GCP). Un rastreo de información en redes sociales y mensajes de texto ofreció información importante acerca de acciones violentas que planeaba el grupo.

Con estos datos, a inicios de marzo de 2012 se obtuvo una orden judicial para allanar una vivienda en donde se preveía una reunión entre miembros del GCP. El allanamiento se cumplió el 3 de ese mismo mes. Una docena de personas fue detenida. En posesión de ellos se hallaron computadoras portátiles, libretas, dispositivos de almacenamiento digital, entre otras evidencias que contenían referencias a manuales para el armado de bombas, planes militares y de reclutamiento de personal.

Durante una entrevista, este lunes, en el programa “El poder de la Palabra”, de  Ecuadorinmediato, el ministro del Interior, José  Serrano, presentó más de 20 láminas que explican el proceso de investigación y seguimiento  de las actividades ilícitas que involucran a las 10 personas que forman parte del GCP, detenidos en marzo último.

El Secretario de Estado dio a conocer que el proceso investigativo se inició a raíz de la explosión de bombas panfletarias en Quito y Guayaquil, en noviembre y diciembre de 2011.

El ministro Serrano detalló que el allanamiento del inmueble se procedió en cumplimiento a la orden dictaminada por el juez competente por pedido del Fiscal, donde se señaló el día, la hora y la nómina de las personas, mas no por el abogado, ni el policía “o un ciudadano que pasaba por la calle”. Confirmó que todos estos documentos están en el expediente.

Serias presunciones

Serrano rechazó la aseveración del abogado Ramiro García,  quien en principio señaló la falta de pruebas que acusen a sus defendidos, para luego decir que las mismas fueron forjadas. Señaló que en el expediente se debe analizar este caso, donde hay presunciones serias del cometimiento de actos delictivos.

Remarcó que no solo los hechos de las bombas panfletarias llevan a advertir el presunto cometimiento de los delitos que hoy se los atribuye, sino toda una planificación de una cadena de acontecimientos que  preparaban, los cuales “atentaban contra la seguridad del Estado”.

Un hecho a destacar es que a partir de la detención de los integrantes del GCP, hasta la fecha no se ha producido incidente alguno que involucre atentados con bombas panfletarias u otros de ese tipo.

Para tomar en cuenta
A partir de la detención de los integrantes del GCP, hasta la fecha no se han producido incidente alguno que involucre atentados con bombas panfletarias u otros de ese tipo.