Quito.- Una mecánica especializada en servicio de enderezada y pintura, ubicada en el sector de San Bartolo, sur oriente de la capital, fue el sitio donde la Policía Nacional, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, lograron incautar más de tres decenas de botellones llenos de agua,  supuestamente purificados, que no cumplían con los respectivos registros sanitarios.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos. El supuesto dueño de este negocio de distribución de agua purificada que responde al nombre de Jorge M., en ningún momento entregó la documentación  solicitada, en lo referente a facturas, registros sanitarios actualizados o documentos de funcionamiento que otorga el municipio.

Esta supuesta industria de agua purificada funcionaba en el galpón de una mecánica, la misma que no reunía las condiciones sanitarias, técnicas, ni legales para  abastecer de líquido vital para consumo humano. Por lo tanto fue clausurada, los objetos y accesorios que servían para comercializar el producto fueron incautados por disposición de la Fiscalía.

Según los agentes de la Jefatura Provincial de Inteligencia de Pichincha, quienes hicieron un trabajo por casi tres meses de seguimiento, los hoy detenidos vendían el  agua supuestamente pura.

Los garrafones de 20 litros se llenaban con agua de la  llave, de acuerdo a los expertos sanitarios de la Agencia de Control ni siquiera lavaban bien los botellones para envasar de nuevo el agua en el recipiente.

Los sellos eran adulterados, pues las botellas tenían la marca de una reconocida empresa que envasa y transporta su producto en condiciones óptimas de  calidad. Estos sellos respondían a una empresa presuntamente  llamada Natuagua, Nanofan o Vidali.

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En una lavandería, cientos de tapas de plástico se aprovechaban para sellar el agua que iban envasando y luego la venderían en una camioneta Dimax doble cabina. En una bodega estaban arrumados y llenos de polvo otras tres docenas de botellones vacíos. El producto era comercializado posteriormente en diferentes entidades públicas y privadas, una de ellas perteneciente a una entidad militar.

El capitán de Policía, Carlos Albán, a cargo del circuito Solanda, señaló que se encontraron pruebas y evidencias suficientes para detener a los autores de este ilícito que atenta contra la salud de los ciudadanos. Agregó que continúan  investigando otros detalles de la mecánica para conocer si no estaban involucrados en otro tipo de ilícitos.

La Doctora Consuelo Armas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) dijo que se recogieron muestras, tanto para realizar los respectivos exámenes sanitarios como para entregarlos a la Fiscalía. La autoridad determinará la sanción a los culpables de este delito que se enmarca dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Los resultados de estos controles sanitarios se darán después de 8 días.

Fernando Beltrán, supervisor de la entidad pública a cargo del control sanitario de productos de consumo de primera necesidad, señaló que este problema  no es nuevo. “Tenemos permanentes denuncias sobre este tipo de hechos y estamos trabajando para controlarlos adecuadamente”, señaló.

El funcionario advirtió que de comprobarse este delito y de haber denuncias por enfermedades se podría encausar penalmente a los autores, cómplices y encubridores de un delito contra la seguridad ciudadana alimentaria. En este sentido el nuevo Código Integral Penal que entrará en vigencia desde el próximo 10 de Agosto es más restrictivo y punitivo en cuanto a sanciones y penas.

Agregó que continuarán atendiendo este tipo de actividades ilícitas y coordinando con las autoridades pertinentes para erradicar esta práctica inmoral y antihigiénica. / Redacción Quito.

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