El operativo se dio tras casi cuatro meses de labores de inteligencia, iniciadas por orden de la Fiscalía, luego de los cuatro atentados con bombas panfletarias ocurridos en noviembre de 2011 en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Los integrantes de la organización autodenominada Grupo de Combatientes Populares (GCP) fueron detenidos el 3 de marzo de 2012, durante un operativo ejecutado por fuerzas especiales de la Policía en un sector de Luluncoto.

Manual para armar bombas

Entre las varias computadoras halladas durante el operativo de apresamiento se pudo ubicar archivos de texto y PDF conteniendo temas como: Estudio de cómo hacer inteligencia, estudio del blanco y su aniquilación, operaciones tácticas para ataque, ejecución y evasión, posicionamientos de combate armado, manejo de armas, curso básico de Anatomía, curso básico de Química, preparación física militar, preparación de incursión en instalaciones, entre otros.

Respecto a los manuales sobre el armado de bombas y explosivos, en la audiencia de sustanciación judicial del proceso, el perito calificado para actuar en la diligencia señala que el material explosivo que fue utilizado en cada uno de los lugares donde se realizaron los atentados “guarda relación con los planes de armaje de explosivos referidos durante el allanamiento al domicilio en Luluncoto, donde fueron detenidos los ahora procesados”.

Uno de los documentos hallados refiere la agenda que cumpliría el grupo entre mayo y septiembre de este año. Se incluyen actividades como: campañas de reclutamiento, afirmar mandos y combatientes en la dirección de masas y afirmar conocimientos militares.

En otro documento se detallan actividades programadas para los primeros días de marzo, durante la marcha prevista por organizaciones sociales en Quito. En uno de los puntos se señala: “El día de la marcha se realizarán llamadas de explosivos en Senagua y otras mineras”.

Durante el operativo que permitió la detención de los 10 presuntos integrantes del GCP se ubicó varios teléfonos celulares. En el dispositivo de propiedad de Royce Gómez se hallaron mensajes cifrados que contenían frases como: “lo decidimos mediante una seguridad de salida militar o sea, hacer polígono posiciones de tiro de maniobras de combate, individuales y de anatomía colectiva de tiro.  Elaboración de artefactos explosivos, campamentos, etc”. “Veras, antes de que cojas un arma deberás saber para qué fue creada un arma, lo sabes?”. “Un arma fue creada para matar considerando número 1, no para amagar, asustar o amedrentar”, “me refiero a que se utiliza las armas en combate. Las personas crearon las armas para usarlas y dispararlas”.

Los mensajes eran construidos una palabra por envío. Esto, aparentemente, para evitar que sean interferidos y descifrados con facilidad.

Estos indicios sirvieron de base para que la Fiscalía considere que los diez detenidos son sospechosos del delito de terrorismo y sabotaje, según fue calificado por el doctor Leonardo Tapia, Juez Décimo de Garantías Penales del Pichincha, en el llamamiento a juicio de los involucrados:  “de los resultados arrojados de la instrucción fiscal se desprende que existe presunciones graves y fundadas sobre la participación de los procesados por el delito de actos de terrorismo tipificado 160 Código Penal vigente”, explicó el magistrado.

Justicia determinará responsabilidades

Para el viceministro del Interior, Javier Córdova, resulta preocupante la presencia de estas organizaciones, con planes para ejercer violencia, aun cuando se quieran escudar en supuestas posiciones ideológicas. “Es es un grupo que había venido actuando en este tipo de actitudes, como bombas panfletarias, etc. Será la Fiscalía la que tenga que presentar todas las evidencias que se han obtenido, para que sean las instancias de justicias las que determinen su participación”, explicó.

Según los detenidos, durante la reunión en los que fueron detenidos, se empezaba a debatir temas como el Buen Vivir. Sin embargo, entre las computadoras y demás pertenencias halladas entre los detenidos no constaban ningún material con este contenido. En cambio, si se halló abundante referencia escrita a planes sobre estrategias militares, fabricación de bombas, etc.

“Si yo tengo en la computadora material y léxico subversivo como esto, si tengo en la computadora material como ese, a uno le lleva a pensar que este grupo no estaba dedicado a temas positivos, del Buen Vivir, sino que lo que buscaban era buscar crear cierto tipo de caos dentro de nuestro sistema democrático”, acotó el funcionario.

Influencia del MPD entre las evidencias

El Movimiento Popular Democrático (MPD) es una de las organizaciones políticas que mayor presencia mediática ha realizado a favor de la inocencia de los diez detenidos durante el operativo Sol Rojo, enjuiciados por presunto delito de terrorismo.

La relación, sin embargo, sería aún más estrecha. Al menos cuatro de los detenidos registran actividad cercana a dicha organización política. Fadua Tapia, una de las tres mujeres detenidas, aparece en el puesto 14 de la lista de candidatos a asambleístas nacionales por la Coalición Pluricultural, de la que es parte el MPD. Esa información consta en la página web del propio movimiento político.

Cheques del MPD fueron encontrados

Informes de la Policía Nacional advirtieron que entre las evidencias halladas en el domicilio en Luluncoto se encontraron cheques girados desde varias cuentas bancarias. Uno de ellas sería de propiedad del MPD, emitido a favor de Jafet Leiton.

Entre los cheques se halló también uno girado y cobrado por la misma persona: Héctor Estupiñán Prado, detenido en el operativo Sol Rojo. Este ciudadano es oriundo de la provincia de Esmeraldas. Su nombre aparece calificado como Servidor Público de Apoyo 4, en el cuadro de roles de la Delegación Provincial del Consejo de Participación  Ciudadana y Control Social en esa provincia. En este organismo se asume que ingresó a la entidad por gestión de dos consejeros, también relacionados ideológicamente con el MPD.

Proceso fue transparente, confirmaron jueces y fiscales

“No se observan omisión de solemnidad substancial alguna ni vicio de procedimiento o de cuestiones prejudiciales, ni de competencia que puedan afectar al proceso por lo que se declara la validez de todo lo actuado”. Con esta afirmación, Leonardo Tapia, juez Décimo de garantías Penales del Pichincha, dio paso a la audiencia de sustanciación del juicio en contra de los diez detenidos en Luluncoto.

La audiencia contó con la presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría, diez de cuyos miembros actuaron en la defensa de los detenidos por el delito de terrorismo. Ninguno de ellos objetó o refirió alguna violación legal o a los derechos humanos de los procesados.

Por su parte, el fiscal que actuó en el proceso, doctor,  Luís Jaramillo Calero, insistió en que la incursión policial y posterior detención del los diez detenidos se cumplió acatando una orden judicial legalmente emitida por un juez de garantías penales. “La fiscalía y la policía nacional el 3 de marzo del 2012 han realizado una operación de allanamiento y detención contando para el efecto con orden de juez de garantías penales la orden de allanamiento fue emitida legalmente por el señor Juez ante de darse el allanamiento las órdenes de prisión fueron emitidas por el señor Juez vigésimo segundo de garantías penales”.

Tanto la orden de allanamiento, cuanto las presuntas violaciones durante la detención de los derechos humanos de los sospechosos, fueron los dos argumentos utilizados por MPD y otras organizaciones que reclamaron por el apresamiento de los diez integrantes de GCP,  sobre los cuales pesan las sospechas de pertenecer a una organización terrorista