Quito, Ecuador. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el presunto uso irregular de recursos, sistemas, credenciales, cámaras, archivos de video, bases de datos y personal técnico de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, SEGURA EP.

La acción legal busca esclarecer si la infraestructura pública destinada a la seguridad ciudadana habría sido utilizada para fines distintos a su objeto legal, como un instrumento de espionaje, acceso a información reservada o privada y aprovechamiento con fines persecutorios y políticos, en lugar de contribuir a la prevención del delito, la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de la ciudadanía

De acuerdo con la denuncia, los hechos se relacionan con la presunta habilitación de una denominada “sala espejo” o enlace de acceso a los sistemas de videovigilancia de SEGURA EP. El cual habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, revisar grabaciones, descargar videos, consultar georreferenciación y acceder a metadatos operativos.

“Los recursos públicos destinados a la seguridad no pueden ser utilizados para intereses políticos, privados o extrainstitucionales. La seguridad ciudadana exige legalidad, transparencia, control y responsabilidad”, señaló la ministra Morillo.

La denuncia solicita que Fiscalía investigue, entre otros, a Fernando Cornejo, expresidente del Directorio de SEGURA EP; Franklin Asqui, funcionario o exfuncionario técnico vinculado a la entidad; Rafael Correa, expresidente de la República; Rodney Rengel, exintegrante policial; Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; así como a otros ciudadanos mencionados en fuentes abiertas, reuniones, transcripciones y contextos de coordinación.

También se pide determinar la eventual responsabilidad de servidores, operadores, asesores, proveedores, administradores de sistemas, personal técnico, custodios de servidores, funcionarios municipales y terceros que hubieren autorizado, ejecutado, facilitado, encubierto o aprovechado accesos no institucionales a SEGURA EP.

Entre los posibles delitos que se solicita investigar constan peculado, violación a la intimidad, revelación ilegal de base de datos, interceptación ilegal de datos, acceso no consentido a sistemas informáticos, tráfico de influencias y otras infracciones conexas que puedan identificarse durante la investigación.

Como parte de las diligencias, se pide a la Fiscalía preservar evidencia técnica, registros de acceso, bitácoras, descargas, exportaciones de video, comandos de cámaras, accesos remotos, correos institucionales, órdenes administrativas, respaldos, servidores y equipos vinculados al sistema. Así como disponer el inicio de la investigación previa y ordene las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la protección de los derechos ciudadanos, la seguridad pública y el combate a cualquier forma de abuso en el uso de bienes, sistemas o información del Estado.